RECORDANDO TRAGEDIA DE BAGUA Y CHOROPAMPA

Editorial. Recordando las tragedias de Bagua y Choropampa

La semana pasada, como país, el 5 de junio nos apartamos de la pauta mundial por motivos de sobra conocidos, sin que ello significara marginarnos de la corriente ecologista, quizá todo lo contrario. Poco antes, el 2 de junio, se había conmemorado el décimo aniversario de la catástrofe ambiental a causa del derrame de 150 kilos de mercurio metálico, propiedad de minera Yanacocha, en Choropampa, Cajamarca.

Bajo el impulso de la ONU, la mayoría de sus países miembros celebraron la primera fecha el día mundial del ambiente, con la avalancha usual de buenas intenciones y gestos y una que otra noticia de un avance real en el tema. Sin embargo, en el Perú dicho día numerosos activistas y ciudadanos conmemoraron en distintos lugares el primer año de lo que se dio en llamar el Baguazo. Es decir, la masacre y represión de nativos y mestizos en la Curva del Diablo, un tramo de la Carretera Belaúnde Terry, ubicado entre los caseríos Siempre Viva y El Reposo, en el distrito El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas, y en Bagua. Lo cual fue seguido de inmediato por una violenta respuesta ciudadana, pues eran miles de nativos frente a “sólo” cientos de policías, así como por la posterior masacre de policías rehenes a manos de dolidos y furiosos nativos en la estación 6 de Petroperú. Hechos que, tras 55 días de lucha y bloqueo indígena pacífico, costaron de pronto 34 vidas de conciudadanos, entre civiles y policías, enlutando a igual número de familias, además de decenas de heridos y criminalizados. De esto son representativas las figuras de Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, que dejó hace poco su asilo en Nicaragua para conmemorar en el país el 5 de junio, y Santiago Manuín, uno de los tantos heridos que sobrevivió de milagro a los balazos (ocho en el tórax) que le propinó la represión policial. Justo el día que los nativos habían decidido suspender su agotadora movilización.

En lo político, el Baguazo terminó causando la derogatoria de dos de los diez decretos legislativos cuestionados por las organizaciones indígenas por facilitar en exceso las inversiones privadas en la Amazonia, aunque el 70% de su territorio ya estaría concesionado a las empresas, según una ONG. El otro efecto político fue la caída del gabinete del primer ministro Simon, quien renunció al mes siguiente, asumiendo los pasivos de la acción gubernamental. Es decir, el alto costo humano pagado como país no habría sido en vano, pero la pregunta es por qué el gobierno sólo atiende las demandas de la ciudadanía cuando ésta toma medidas de fuerza extremas. El otro aspecto irresuelto, que es otro ejemplo de nuestra división nacional, es el de quien tiene la responsabilidad por lo ocurrido. Para el gobierno y sus adláteres desde luego que los responsables intelectuales o indirectos son los dirigentes nativos de AIDESEP, el Partido Nacionalista y las ONG que azuzaron a los incautos y manipulables nativos para conseguir sus objetivos antipatria y antidesarrollo. Es decir, la tesis del perro del hortelano una vez más. Mientras que para las fuerzas sociales críticas lo es el gobierno (en especial las ex ministras del Interior y de Comercio Exterior, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz, respectivamente), que abusó de la fuerza y dictó los decretos considerados por los nativos antiamazónicos, además de ilegales, por no haber pasado por el proceso de consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la OIT para el Perú desde febrero de 1995. Desde luego que la segunda versión es más lógica y coherente racional y socialmente, y hoy ha sido plasmada en el informe en minoría realizado por Jesús Manasés y María del Carmen Gómez Calleja, quienes han reconstruido los hechos trágicos de hace poco más de un año en Amazonas. Un informe que desde ahora debería ser tan estudiado y analizado en los colegios y universidades como debiera serlo el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El otro aniversario reciente es el del 2 de junio del 2000, fecha en la cual un vehículo de la empresa Ransa, contratista de Yanacocha, dejó caer 150 kilos de mercurio metálico en la carretera, de los cuales apenas se recuperaron 50 kilos, contaminando a más de mil pobladores de tres localidades vecinas. Un sector de los cuales aún manifiesta síntomas de la intoxicación por mercurio (fuerte dolor de cabeza, hemorragias nasales, pérdida de la visión, disfunciones motoras, malestar general, afecciones a la piel, etc). Lo que pasó entonces ha sido reconstruido por activistas como Marco Arana http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n1/a19v26n1.pdf e Iván Salas (ver abajo uno de sus textos), quienes demostraron la irresponsabilidad de la empresa Yanacocha, que no tomó las medidas oportunas para evitar el accidente ni proteger de la contaminación por mercurio a los pobladores, a los cuales incluso incentivó para recogerlo improvisadamente (se les ofreció pagarles 100 soles por kilo recogido). Quienes se interesaron de inmediato en la población doliente fue una legión de abogados, cada cual prometiendo la cifra de reparación monetaria más alta para captar clientes, de los cuales sólo unos pocos habrían obtenido montos indemnizatorios altos (se rumora que algunos recibieron 80,000 dólares, gracias a abogados norteamericanos). La magnitud del desastre y la consecuente indiferencia y hasta cinismo de la minera y las autoridades públicas motivó poco después a un equipo de videastas a dedicarle un documental largometraje, que dio la vuelta al mundo y ganó varios premios y es hoy un clásico en su género. Son inolvidables las escenas de los humildes choropampinos bloqueando, con lágrimas en los ojos, la carretera para ser escuchados por las autoridades, o cuando un funcionario de Yanacocha derrocha sarcasmo arrodillándose ante ellos como pidiendo perdón. Una consecuencia positiva del accidente fue que el año 2004 se dio al fin la ley que regula el transporte de sustancias tóxicas, dejando de estar sujeto a la autorregulación de las empresas el traslado de sustancias como el mercurio. Desde entonces, Yanacocha utiliza envases para el mercurio que se suponen 100% seguros ante cualquier accidente, y el Ministerio de Energía y Minas fiscalizó su transporte por más de tres años después del accidente, enviando un funcionario para acompañar cada despacho, lo cual luego asumió OSINERGMIN.

Sin embargo, ante la persistencia de las denuncias de los afectados, en junio del 2008, el octavo aniversario, un grupo de trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso de la República presentó un informe sobre el caso (http://elecochasqui.files.wordpress.com/2009/05/congreso-de-la-republica-informe-final-sobre-el-derrame-de-mercurio-en-cajamarca-de-junio-de-2000-2008.doc). Un informe en el cual se recogen las seis versiones del desastre (de la población, la minera y las de cuatro entidades públicas involucradas) y se proponen dos recomendaciones básicas: 1° La conformación de una Comisión Multisectorial integrada por las instituciones siguientes: el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo, a fin de implementar las acciones pertinentes en un plazo no mayor de tres meses, con cargo a dar cuenta a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República y 2º Proponer, con carácter de urgencia, a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para que en el más breve plazo dictamine el Proyecto de Ley Nº 1649 que amplía los alcances de la Ley 29023 a fin de normar la regulación, control y fiscalización para la adquisición, transporte, y comercialización del mercurio orgánico e inorgánico.

Por lo pronto, el joven “Diógenes” (25 años), nativo de Choropampa, que vive hace 10 años en Lima, acaba de sufrir un rebrote de los consabidos síntomas de la intoxicación por mercurio, sin haber podido siquiera ser atendido de inmediato por el seguro que Yanacocha le otorgó. Por lo cual su familia, tras una semana de postración, optó por llevarlo a un médico alternativo, cuyo tratamiento le habría ayudado a superar su crisis de salud. Y como sus padres aceptaron recibir de la minera 9,000 soles de manera extrajudicial, él ya no podría enjuiciar a la empresa en busca de una reparación apropiada. Lo más preocupante es que si así está la salud de alguien que ya no está en contacto con el ambiente contaminado, ¿qué podría esperarse de la de aquellos cientos que aún viven en la zona, de los cuales más de cien siguen luchando judicialmente por obtener justicia, con la asesoría legal de una ONG local, pues la mayoría ya recibió de la empresa entre S/. 1,000.00 y S/. 4,000.00 por extrajudicial o negociación en vía judicial? Una pregunta que parece no quitarle el sueño a Yanacocha y a nuestras autoridades a los 10 años del derrame de mercurio. Tal vez esto sea motivo para pensar seriamente en hacer del 2 de junio el día nacional de la lucha contra la contaminación ambiental, en especial cuando el 5 se ha cargado de Baguazo (aunque también tenga su dimensión ambiental) por un buen tiempo.

Raúl Chacón Pagán